Un día como hoy pero de 1983 el gobierno del presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) mediante el Decreto 187/83 que instituyó al organismo a esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país y fijaba sus funciones: recibir las denuncias y pruebas y remitirlas inmediatamente a la Justicia; averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y de toda otra circunstancia relacionada con su localización, ubicar a los niños sustraídos, denunciar a la Justicia cualquier intento de ocultamiento o destrucción de pruebas y emitir un informe final. Además, estableció que el período de duración sería de seis meses, lapso que luego fue prorrogado por otros tres meses.
La creación de la CONADEP instauró la desaparición de personas como una cuestión de Estado. Excluía de sus propósitos la investigación de los asesinatos ocurridos en enfrentamientos reales o falsos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, la tortura, el exilio y la investigación de los crímenes cometidos por la Triple A, en el período inmediatamente anterior.
La CONADEP estuvo formada por: Ernesto Sabato, escritor y físico, que presidió la Comisión por decisión unánime de sus miembros, Hilario Fernández Long, abogado, Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, Ricardo Colombres, abogado, monseñor Jaime de Nevares, defensor de los derechos humanos y del estado de derecho, Carlos T. Gattinoni, pastor evangélico de la Iglesia Metodista Argentina, Marshall T. Meyer, rabino y fundador del Movimiento Judío por los derechos humanos, Eduardo Rabossi, filósofo y militante por los derechos humanos, Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, los diputados radicales Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Duarte que actuaron en representación del Congreso Nacional, René Favaloro, cardiólogo que renunció en desacuerdo con que no se investigaran los crímenes cometidos por la Triple A, Graciela Fernández Meijide, madre de su hijo desaparecido y miembro de la APDH, que desempeñó el cargo de secretaria de Recepción de Denuncias, Daniel Salvador, secretario de Procesamiento de Datos, Alberto Mansur, secretario de Asuntos Legales, Raúl Aragón, secretario de Procedimientos y Leopoldo Silgueira, secretario Administrativo.
El trabajo fue denodado e, inmediatamente, fue sobrepasado por la cantidad de testimonios que denunciaban delitos ocurridos durante la dictadura militar y con anterioridad a esa fecha. La Comisión amplió el horario de recepción de testimonios y tomó una resolución importante: solicitar al presidente que garantizara la permanencia en el país de personas posiblemente vinculadas con las desapariciones. Eran unos cuarenta jefes militares. Quedó en evidencia que su tarea no solo se circunscribiría a elaborar una lista de personas desaparecidas.
La dotación del Ministerio del Interior destinada a asistir administrativa y logísticamente a la CONADEP no resistió la dureza de los relatos de las víctimas y familiares, y gran parte de ellos, solicitaron ser relevados de dicho puesto de trabajo. Fueron reemplazados por integrantes de algunos movimientos de derechos humanos que tenían cierta experiencia en la tramitación de denuncias de este calibre.
La práctica de recolección de testimonios y estandarización de datos, sus consecuencias jurídicas y el contexto político era novedoso y complejo. Había ansias de justicia y reparación, presiones múltiples, disputa política por el devenir de la investigación y escenarios de magnitud a los que responder sin experiencia previa. El escenario cotidiano era desgarrador y develaba el grado de planificación con que se había manejado la dictadura militar. Si había una parte de la población que ignoraba la masacre perpetrada desde el poder, se iba desgranando la verdad pública con bastante claridad.
Se produjeron dos conflictos iniciales. El primero, a quién remitir la información recabada. La CONADEP decidió enviarla a la justicia civil, y subsidiariamente a la justicia militar, solo si existía una previa autorización de los/as denunciantes. El segundo, fue la manera de referir a los culpables de las numerosas violaciones a los derechos humanos. La CONADEP decidió reflejar íntegramente los testimonios (con los datos que se expusieran de los represores) y enviar por cuerda separada un listado de los mismos al Presidente de la Nación para su conocimiento.
Se crearon delegaciones de la CONADEP en varias ciudades del país e integrantes de diversos movimientos de derechos humanos se integraron en Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata. Esa iniciativa amplió el conocimiento de la acción represiva, develó la magnitud de las desapariciones en el movimiento sindical, permitió incorporar denuncias de familiares que no residían en los lugares en que se habían cometido los secuestros, incluyó testimonios de otros sobrevivientes que influyeron en la pertinencia de las denuncias (algunos habían estado en cautiverio algunos días, otros durante meses, otros en diferentes centros de detención, otros conocían la fisonomía de sus captores, otros recordaban lugares físicos de detención y tortura).
Se descubrieron centenares de centros clandestinos de detención y tortura en dependencias militares, policiales y civiles en toda la geografía de nuestro país y se detectó el tránsito de prisioneros entre dichos centros, lo que permitió probar el funcionamiento de un sistema integrado de represión. También se logró el testimonio de militares que corroboraron la existencia de centros clandestinos y las violaciones denunciadas, enfermeras que confirmaron la asistencia en embarazos y partos, trabajadores de cementerios que constataron la existencia de tumbas sin datos, el testimonio de vecinos que presenciaron secuestros o vivían en las cercanías de los centros clandestinos y confirmaron la presencia militar, se descubrieron centros cuya característica era reunir víctimas de otros países de la región. Ello develó la coordinación de la actividad represiva entre las dictaduras existentes.
Además, se incorporó por primera vez con colaboración científica internacional, un sistema computarizado para registrar a los/as desaparecidos, detectar cambios en la fisonomía de los/as niños apropiados, mejorar los análisis para determinar su filiación aún sin contar con información genética de sus padres y utilizar técnicas de antropología forense para identificar los cadáveres hallados.
Fueron 280 días en los que se restituyeron los datos de filiación de miles de desaparecidos/as, se hizo público que el 80% de las víctimas eran menores de 35 años, que el 35% eran trabajadores/as, que el 21% eran estudiantes, se detectaron 380 centros clandestinos de detención y tortura, se superó el entramado de silencio cómplice de los represores, se estableció la responsabilidad de las juntas militares en la generación de un plan sistemático de desaparición de personas, la existencia de un plan de apropiación de menores, la existencia de delitos comunes derivados de la acción represiva y se desestimó con fundamento la falacia de la teoría de los represores respecto a los excesos al demostrarse la normalidad ocurrida en le ejecución de esos hechos aberrantes.
Se construyó otra verdad pública basada en testimonios irrefutables de lo que fue el horror nacional.
No se logró investigar los crímenes parapoliciales cometidos en el período inmediatamente anterior ni profundizar sobre las conexiones políticas y económicas que sostuvieron este experimento de demolición de personas, historias colectivas e implantación violenta de una verdad única que fue la dictadura militar genocida. Pero se logró un alto grado de verdad pública respecto al alcance y responsabilidad del Estado en las desapariciones, constituyó un sólido corpus probatorio para juzgar a los culpables de estos delitos de lesa humanidad como se demostró en el inmediato Juicio a las juntas militares y evidenció su vigencia en los juicios penales por violación de derechos humanos reiniciados en 2005 luego de la derogación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final.
El resultado de la investigación de la CONADEP fue entregado al presidente Raúl Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 rodeado de una marcha de 70.000 personas en Plaza de Mayo. El informe fue publicado en forma de libro con el título de Nunca Más, editado por Eudeba, que lleva vendido más de 600.000 ejemplares y que atravesó la curiosidad y las ansias de verdad de varias generaciones.
Salú! Siempre es bueno recordarlo porque de esta historia también venimos…

Ruben Ruiz
Secretario General