Un día como hoy pero de 2001 comenzaron las protestas en toda la República Argentina para oponerse a las medidas tomadas por el gobierno de la Alianza y expresar su repudio a toda la dirigencia política, económica y social. Al día siguiente continuaron las protestas hasta que se efectivizó la renuncia del presidente de la Nación, Fernando de la Rúa y todo su gabinete.
“Que se vayan todos” fue el canto más escuchado esos días y los subsiguientes al ver los intentos de diferentes gobiernos provisorios que insistían en reciclar a dirigentes que ya habían sido repudiados en gestiones anteriores y ante la exteriorización de sus internas sin tapujos.
Pero este hartazgo del pueblo argentino tenía antecedentes.
El gobierno menemista había dejado a nuestro país en una profunda recesión, con un alto nivel de desocupación y pobreza, una gran informalidad laboral y una paridad peso-dólar falsa e insostenible. El gobierno de la Alianza, formado por la UCR y el FREPASO, logró empeorar todos esos rubros.
Las primeras medidas fueron sorpresivas. Rebaja de entre 10 y 12% de los salarios de una parte de los trabajadores/as y de las jubilaciones mayores, recortes importantes en el PAMI (obra social de los jubilados/as) y una subida feroz de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que comenzó a impactar en los salarios de los trabajadores/as registrados.
Acto seguido, aceptó las imposiciones del FMI y avanzó con la reforma laboral en el Parlamento. Crecía la oposición sindical encabezada por el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y se consolidaba la organización de los movimientos piqueteros, cuyos primeros pasos fueron dados por trabajadores/as despedidos durante los gobiernos menemistas en Cutral-Có, Gral. Mosconi, Gran Buenos Aires, etc.
La ley de reforma laboral se sancionó bajo un manto de sospechas de corrupción. Popularmente se conoció como la “ley Banelco”, por el subrepticio cambio de posición de algunos senadores. La credibilidad y cohesión de la Alianza se vio debilitada. Renunció el vicepresidente y se agudizó el rumbo político y económico contrario a los intereses de las mayorías. Se firmó el blindaje, con nuevas exigencias del FMI y con desembolsos dinerarios que acrecentaron la deuda externa. Asumió Domingo Cavallo como ministro de economía y el ajuste se intensificó. Se aprobó la Ley de Ajuste Fiscal, gracias a un acuerdo entre el gobierno y los gobernadores del PJ e, inmediatamente, se rebajaron un 13% los salarios estatales, las jubilaciones y las pensiones.
En las elecciones parlamentarias de octubre de 2001 el gran ganador fue el “voto bronca” (en blanco o anulado) que alcanzó la inédita cifra del 25% y resultó ganador en CABA y Santa Fe. El primer día hábil de diciembre, el gobierno incautó los ahorros bancarios y restringió la conversión de pesos a dólares: el famoso “corralito”. Además, los bonos provinciales hicieron su presentación en muchas provincias como medio de pago.
La crisis era indetenible.
Hubo marchas, escraches a los bancos, enfrentamientos con la policía, una huelga general para reclamar el fin del corralito, cacerolazos, cortes de rutas y, a partir del 14 de diciembre comenzaron los saqueos en Rosario, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba y en el Gran Buenos Aires.
También hubo respuesta social organizada. En ese contexto, se realizó la Consulta Popular lanzada por el Frente Nacional contra la pobreza (FRENAPO) encabezada por la CTA y numerosos actores políticos y sociales de la Argentina. Votaron 2.700.000 personas que expresaron sus preferencias por las diferentes propuestas y soluciones que se proponían en la consulta. Fue una clara expresión contra la desocupación, por otra distribución de la riqueza, por un seguro de empleo y formación, por una asignación universal por hijo y por una cobertura mayor a los jubilados/as. La garantizaron 60.000 militantes en todo el país que llevaron urnas hasta los lugares más remotos. Hubo una participación sorprendente, consciente y esperanzada.
Ante la debacle, la respuesta gubernamental fue decretar el estado de sitio. Y, entonces, certificó su derrumbe total.
Ese miércoles 19 de diciembre a la noche salieron a la calle ríos de gente en oposición a ese decreto; funcionó la memoria histórica, nunca más una medida que nos acercara a los tiempos de la dictadura, fue la gota que rebalsó el vaso. Los barrios de las grandes ciudades desbordaron de indignación. En la ciudad de Buenos Aires, se ocupó la Plaza de Mayo y las grandes avenidas fueron tomadas por miles de personas que se dirigieron hacia el centro de las grandes decisiones callejeras de la historia política argentina. Un estado de sitio impuesto por el gobierno débil al que nadie le dio bola.
Esa noche cientos de miles expresamos nuestro hartazgo y dijimos basta. Caminamos muchas cuadras, cantamos nuestra bronca al ritmo de algunos redoblantes y bombos, nos abrazamos sin conocernos, batimos cacerolas desde los balcones o en las veredas, expresamos el más genuino sentimiento popular de desagravio y una firme respuesta colectiva a la ignominia.
La propia debilidad del gobierno ayudó a que los aparatos partidarios de los partidos tradicionales se camuflaran entre los hechos y las ansias de millones de argentos/as. Pero ese no fue el motor de las protestas. No hubo espacio para desviar la unánime decisión popular hacia mezquindades programadas. Fue bronca genuina y justa.
El jueves 20 de diciembre fue violento. El gobierno decidió reprimir desde temprano para evitar que el pueblo ocupara la Plaza de Mayo. Hubo 38 muertos en todo el país, caídos que nunca tuvieron justicia. Uniformados, policías de civil y servicios infiltrados para producir caos fueron el blindaje de un gobierno que ya había perdido ante la historia y se negaba a admitir el veredicto de un pueblo decidido.
A las 18,30 horas de la Rúa firmó su renuncia y a las 19,52 se fue de la Casa Rosada en helicóptero. Aplaudíamos porque huía en las alturas y puteábamos por lo que había hecho. Algunos creyeron que era solo para al presidente. En los días subsiguientes se enteraron que era para casi todos los que tenían responsabilidades, tanto oficialistas como opositores. Fue una reacción popular inédita, extendida en toda la Nación, aleccionadora y sin dueños. Fue una reacción que permitió buscar nuevos caminos, reparar parte del daño ocasionado por experimentos económicos devastadores, recuperar la autoestima y la economía, restituir una buena parte del tejido social y defender la continuidad democrática contra la degradación institucional existente.
No fue poco, aunque insuficiente.
Pero tengo una sensación: creo que, aún, no terminó. Cuando los poderosos de cualquier signo exageren, este Pueblo encontrará la forma de enfrentarlos. Con paciencia, con la pelota al pie y la cabeza levantada, con las conquistas sociales elevadas en una mano y la irrenunciable decisión de ser una Nación sin cadenas, en la otra. Aunque a veces, no parezca…

Ruben Ruiz
Secretario General