El jueves 9 de mayo la República Argentina se paralizó porque la mayoría de sus trabajadores/as se hicieron cargo de una decisión clara y contundente: “Paren la mano que este ajuste salvaje no lo está pagando la casta, lo pagamos los/as comunes que llenamos los trenes y colectivos todos los días”.
El gobierno y los medios masivos de comunicación hicieron un esfuerzo leonino para desacreditar la masiva huelga nacional y sucumbieron ante la realidad. Las calles que se mostraban eran un desierto pero insistían en que el paro no era contundente. Es más, pusieron un contador en pantalla para indicar cuánto dinero se perdía por la medida de acción directa, es decir, reconocieron públicamente cuanta riqueza generamos los trabajadores/as por minuto. Develaron la existencia de la plusvalía, producto de nuestro trabajo cotidiano que termina en otros bolsillos.
No fue un mensaje solo al gobierno sino también a los senadores que tienen en sus manos la aprobación o desaprobación de leyes que impactarán en la vida cotidiana de millones de ciudadanos/as por mucho tiempo y a la dirigencia en general que debe pensar algo de manual: un país es su gente y no solo sus recursos.
No se puede pretender un país distinto o mejor sin su gente. Es inviable.
Hoy, se vocifera alegremente que bajó el déficit fiscal a cambio de pisar las jubilaciones y que su valor sea 25% menor o de frenar casi la totalidad de la obra pública sin distinción de prioridades y urgencias.
Hoy, se vulnera el principio de legitimidad de los acuerdos de partes con el simple acto de no homologar las actas en las que se fijan las coincidencias entre trabajadores/as y patrones de una actividad.
Hoy, se pretende eximir o disminuir el pago de impuestos a las grandes empresas, a los importadores, a los exportadores, a los bienes personales y su contracara es el intento de reinstalación del impuesto al salario.
Hoy, se pretende desterrar el principio de prioridad en el abastecimiento energético para el pueblo argentino.
Hoy, se pretende hacer tabla rasa con la legislación protectoria de la tenencia y uso de los recursos naturales y beneficiar a potenciales “inversores” sin preguntar cómo se generó ese dinero que podría ingresar, con enormes exenciones tributarias y fiscales y sin limitar la disponibilidad de las divisas en el futuro.
Hoy se pretende privatizar empresas estatales rentables y estratégicas mediante un listado que se agranda o se achica de acuerdo a las probabilidades políticas de aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. No hay diagnóstico ni relevamientos de su importancia para el desarrollo autónomo o de su viabilidad futura.
El paro nacional tuvo como premisa enfrentar ese estado de cosas. No hizo falta explicar cada punto en detalle. Es una copia desteñida del menemismo y los trabajadores/as ya sabemos lo que esa etapa significó. Todavía estamos pagando sus consecuencias: pobreza estructural del 30% y pérdida de autonomía nacional para enfrentar los vaivenes de este mundo cambiante y con riesgos permanentes.
Una buena parte de los trabajadores/as demostró que no está dispuesto a convalidar políticas que afecten aún más a las mayorías ni dejar el destino de nuestras riquezas en manos de cualquiera y sin control.
Lo hicimos conscientemente. No hay espacio para directivas marciales ni acatamientos ciegos. Estamos en permanente debate sobre cómo defendernos y actuamos en el camino. No hay recetas ni las queremos.
La clase trabajadora habló con voz firme y decisión. Paren la mano.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
