El jueves 23 de julio próximo pasado, el Senado de la Nación votó la media sanción de la derogación del Art. 7 del Decreto 1053/18 por el cual el Estado Nacional se hacía cargo de las deudas contraídas por las distribuidoras de gas natural con las productoras. Es decir, se trasladaba la diferencia de precio -por efecto las variaciones del precio del dólar- a todos los argentinos fueran usuarios o no, de gas natural por redes. Esa deuda de las distribuidoras fue la consecuencia previsible de la dolarización aprobada en las audiencias públicas con las que se justificó la Revisión Tarifaria Integral discrecional y de imposible cumplimiento.
En esa ocasión, la APJ GAS se opuso a esta “solución” por dos razones: la obvia dificultad que tendrían los usuarios para pagar tarifas atadas a la suba del dólar y la previsible acumulación de deudas que contraerían las distribuidoras de gas natural. Además, se aprobó un plan de inversiones que no implicaba expansión del sistema sino la readecuación de obras de mantenimiento que debían haber sido realizadas con anterioridad.
Lo lamentable es que las distribuidoras y transportadoras estuvieron de acuerdo con ese mecanismo inviable y las otras organizaciones sindicales presentes aprobaron públicamente o consintieron con un discurso confuso.
Posteriormente, la situación comenzó a empeorar -con miles de pedido de baja de usuarios- hasta que, en junio 2019 mediante la Resolución 336, el gobierno anterior tuvo que asumir el despropósito del aumento implementado en tan poco lapso de tiempo y diferir el cobro del 22% de las facturas del período invernal en 5 cuotas a partir de diciembre de dicho año que sí abonamos con intereses; en marzo 2020 comenzó la pandemia que produjo una profunda desaceleración de la economía, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para preservar las condiciones sanitarias y un mayor consumo domiciliario pero mayores dificultades en los pagos.
En este estado de cosas, la actual gestión del Enargas presidida por Federico Bernal fue testigo del incremento de las quejas por montos impagables de las facturas, reaccionó con celeridad e influyó decididamente para tomar acciones conjuntas que permitan discutir un nuevo escenario en el cual la industria del gas natural y sus usuarios encuentren otros grados de previsibilidad y potencial desarrollo.
Desde la APJ GAS sostenemos que existen necesidades y condiciones reales para rediseñar la política pública para la industria del gas natural y sus 8.600.000 usuarios. Para ello, es imprescindible transparentar el costo de la producción de gas natural, trabajar sobre el sistema de contrataciones de distribuidoras y transportadoras, aprovechar las sinergias posibles con las Universidades Nacionales y la UTN, desarrollar un pool de Pymes locales y regionales, confiar en la experiencia y sabiduría colectiva de los trabajadores/as de nuestra industria, implementar una estrategia para el uso racional y sustentable del gas natural y mejorar la capacidad de control del Estado para verificar el cumplimiento de las metas a que las partes se comprometan. Es esencial y posible.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
