Un día como hoy pero de 2016 era asesinada Berta Isabel Cáceres Flores, hondureña, líder indígena lenca, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos, feminista y activista por la paz en Centroamérica.
Nació en 1973 en La Esperanza, Honduras. Su madre, María Austraberta Flores, era una partera, enfermera, alcaldesa y gobernadora elegida por el voto popular, que albergó a miles de refugiados salvadoreños huidos de la guerra civil en ese país, impidió que se instalara un batallón militar en la región y logró que se discutiera el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, finalmente firmado en 1995 después de su muerte.
Berta participó de las luchas del pueblo lenca desde pequeña. Fue incorporando saberes sobre el respeto del equilibrio necesario para sostener los ecosistemas, sobre la cosmovisión lenca que se sustenta en la unión entre la humanidad y el agua y aprendió los ritos y tradiciones de esa cultura. Esas luchas implicaron represalias de los poderosos de turno contra su familia. Un hermano fueperseguido y baleado, otro fue secuestrado y torturado varios meses, y su madre fue asesinada en 1992 por un coronel egresado de la Escuela de las América que, irónicamente fue ascendido.
Berta se casó con Salvador Zúñiga y tuvieron cuatro hijos/as: Olivia Marcela, Berta Isabel, Laura y Salvador.
En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en defensa del medio ambiente, la cultura lenca y por la mejora de la calidad de vida. Su lucha más emblemática fue contra la privatización de los ríos, las represas hidroeléctricas que atentaban contra la integridad de los territorios y las concesiones mineras.
En 2006 un grupo indígena de Rio Blanco se acercó a COPINH para solicitar ayuda ante el atropello ejecutado con maquinarias y material constructivo por la empresa china Sinohydro, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO), el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). El objetivo de ese consorcio era la construcción de cuatro represas sobre el río Gualcarque. El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca fue su nombre. Los habitantes del lugar se opusieron porque esas construcciones impedirían el acceso al agua, la producción de alimentos y la recolección de hierbas medicinales.
Se organizó una campaña con reuniones con la comunidades afectadas, presentaciones jurídicas y pedido de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2013 Berta se puso a la cabeza de las protestas y se adoptaron nuevas estrategias ante el silencio gubernamental. El primer acto consistió en el bloqueo del acceso a las obras en construcción que duró más de un año y permitió visibilizar el conflicto.
Las contratistas respondieron con violencia, persiguieron a los habitantes del lugar e intentaron continuar los planes previstos. La violencia escaló. El 15 de julio de 2013 fue asesinado el dirigente Tomás García y en mayo de 2014 hubo otros dos asesinatos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) acusó a las comunidades de retrógradas, de impedir el desarrollo y de usurpación y coacción.
Berta Cáceres contraatacó. Demostró que las empresas constructoras habían violado la ley internacional, específicamente, el Convenio 169 de la OIT que obliga a consultar a las comunidades originarias directamente afectadas antes de planificar construcciones que pudieren alterar el medio ambiente, sus métodos de supervivencia o su cultura.
Apeló el préstamo de 15 millones de dólares que el Banco FMO había otorgado a las empresas. Sumó a 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales para expresar su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras.
Finalmente, la empresa china Sinohydro y la CFI se retiraron del proyecto. Pero la hondureña DESA persistió en sus intentos.
La lucha de Berta continuó contra la intención de instalar otros proyectos hidroeléctricos que implicaran deforestación, desvío de los cursos naturales de las aguas y migración forzada de poblaciones originarias. O contra la tala ilegal, la implantación de grandes agroindustrias y por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y el pueblo lenca.
Pero la trágica noche del 2 de marzo de 2016 fue asesinada de varios disparos por personas no identificadas. Trece días después se produjo el asesinato del activista Nelson García y parte de la comunidad lenca fue expulsada de su tierra. Luego de estos hechos, el banco holandés FMO y la finlandesa Finnfund discontinuaron su ayuda financiera y el proyecto de Agua Zarca quedó paralizado.
La conmoción internacional por el asesinato de Berta Cáceres fue enorme. Muchos organismos y personalidades lo declararon asesinato político y presionaron al gobierno hondureño para que investigara y enjuiciara a los asesinos. La presión surtió efecto. La trama se fue develando lentamente porque también existían vinculaciones con parte del aparato estatal.
El 29 de noviembre de 2018 siete hombres fueron condenados por el asesinato. En diciembre de 2019 se confirmaron las penas que fueron de 30 a 50 años de prisión. Se descubrió que todos los acusados pertenecían a la empresa DESA o eran ex militares y que sus acciones fueron coordinadas y dirigidas por el presidente de la empresa, David Castillo. Él también fue arrestado el 2 de marzo de 2018, continúa en prisión y enfrenta cargos específicos y separados de sus cómplices. Lamentablemente, Honduras continúa siendo el país más peligroso para los defensores del medio ambiente.
Salú, Berta! Por tu valentía, por tu sacrificio a favor de que los seres humanos entendamos que la lucha por cuidar nuestra casa global, por respetar las culturas originarias y los derechos de las mujeres y las disidencias son parte constitutiva de nuestro futuro. Tu ejemplo no fue en vano. Tu legado vive.