Un día como hoy, pero de 1979 comenzaba su visita en Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar las denuncias recibidas por desapariciones, ejecuciones, persecuciones y torturas que se perpetraba en el país como parte de un plan de exterminio. Las denuncias abarcan casos desde 1975 pero el grueso estaba referidos al período en que gobernó la dictadura militar comenzado el el 24 de marzo de 1976.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre -donde también funcionaba la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales- fueron organizaciones allanadas antes de la visita de la CIDH y vigiladas como así también algunos partidos políticos que tenían un mínimo funcionamiento.
La CIDH se asentó en las oficinas de Avenida de Mayo 760 que la OEA puso a su disposición y se comenzaron a formar filas interminables de personas con sus papeles, fotos o carpetas para denunciar los delitos. Los servicios de inteligencia también. Se apostaron frente a la sede y vigilaron en todo momento a las familiares y los movimientos de los miembros de la Comisión.
La dictadura machacaba con una publicidad que decía “Los argentinos somos derechos y humanos”, trasladaba secuestrados a otros destinos, modificaba la estructura edilicia de la ESMA, mientras José María Muñoz convocaba a una concentración en el Obelisco para festejar la obtención del Campeonato Mundial Juvenil en Tokio. De poco sirvió. Una parte de la población vio públicamente el padecimiento de miles de personas pidiendo por sus familiares presos y desaparecidos y otra parte, se fue enterando lentamente.
La CIDH recolectó 5.580 denuncias y visitó las cárceles de Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, Unidad 9 de La Plata, Olmos, los centros militares de Magdalena y la Ribera en Córdoba; también visitó la cárcel de Córdoba, la Unidad 21 (Instituto de Resocialización), la Superintendencia de Seguridad Federal, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la comisaría 9 de La Plata.
El 20 de septiembre finalizó su visita. En noviembre de 1980 presentó un informe que constaba de 294 páginas ante la Asamblea General de la ONU. Sus conclusiones fueron demoledoras, contundentes. En su párrafo inicial decía:
“…la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.”
Después de esa visita y del informe ante la ONU se fue develando al accionar represivo de ese extenso y oscuro período vivido en la Argentina. Se empezaban a publicar evidencias. No alcanzaban las manos manchadas de sangre para tapar el sol. Es cierto. Tuvimos que padecer cuatro años más de dictadura, pero el silencio ya no fue salud. El murmullo empezó a ser voz y grito. Los desaparecidos ya no eran personas que no estaban, como querían los dictadores. Los presos, los perseguidos y los cesanteados respiraron otro aire. Nada definitivo, pero el viento empezó a soplar para otro lado. Y se construyó una mayoría que, aún, pide Verdad y Justicia…
También un día como hoy, pero de 1930 se produjo el golpe militar que derrocó al presidente democráticamente electo Hipólito Yrigoyen. El primer golpe de estado del siglo veinte que abrió paso a la “década infame”. Los líderes visibles del golpe fueron los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo que estaban de acuerdo en derrocar a Yrigoyen, pero diferían en cómo administrar el poder. El primero, quería derogar la ley Sáenz Peña de sufragio universal, suspender la Constitución Nacional, suprimir las elecciones y prohibir los partidos políticos. El segundo, quería un gobierno provisional, mantener un sistema de partidos políticos maquillado con las proscripciones que planteara el poder real, convocar a elecciones amañadas y apelar al fraude, en caso que fuera necesario para mantener las riendas del aparato del Estado. Había otra coincidencia fundamental: la subordinación de la República Argentina ante el imperio británico que se aplicó sin vacilaciones durante toda la década invariablemente. ¡¡Unos tremendos nenes!!
Una novedad política fue que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna) y el procurador general (Horacio Rodríguez Larreta), permanecieron en sus cargos. Recibieron un trato diferenciado en comparación a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y devolvieron el favor con creces.
Los golpistas enviaron una nota informando la constitución de un gobierno provisional que el supremo tribunal de justicia recepcionó oficialmente. El 10 de septiembre de 1930 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada por la cual avaló el golpe y dio origen a la nefasta “doctrina de los gobiernos de facto” que utilizaron futuras dictaduras para convalidar sus actos normativos en el ejercicio del poder.
Las causas del golpe de estado fueron variadas y ominosas.
El crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la Gran Depresión posterior impactó profundamente en los precios de las materias primas que producíamos, precipitó el cierre de comercios e industrias y paralizó la construcción.
La presión contra el gobierno recientemente electo de los grandes medios de comunicación fue permanente y la conspiración cívico-militar incesante.
La debilidad del gobierno radical para reaccionar ante los acontecimientos políticos, sociales y económicos en cascada, sumado a su posición ambivalente ante los reclamos por la desocupación y miseria crecientes produjo una confusión importante en una parte de la población que no atinó a reaccionar ante el golpe militar.
Es más, actores relevantes de la historia política argentina e influyentes integrantes de la cultura popular y la opinión pública se autocriticaron posteriormente por su posición de apoyo o neutralidad ante el golpe de estado. Pero fue tarde. Hipólito Yrigoyen fue detenido en La Plata y enviado a la isla Martín García y la ley marcial fue impuesta desde el 8 de septiembre de 1930 hasta junio del 1931.
Otro nefasto período de nuestra historia contemporánea había comenzado y duraría unos largos trece años.
De esas historias también venimos…

Ruben Ruiz
Secretario General