Sentencia del Juicio a las Juntas militares

Un día como hoy pero de 1985 se conocía la sentencia del Juicio a las Juntas militares de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, que confirmó la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas, dio validez y fuerza probatoria a los dichos de los/as testigos y descalificó los argumentos de la defensa de los militares acusados.
La sentencia fue el corolario de un largo camino transitado por miles de familiares y sobrevivientes del terror que, en todo momento, buscaron memoria, verdad y justicia. Madres de Plaza de Mayo fue el primer grupo organizado de familiares que hizo pública la situación a partir de sus sentadas en la plaza un 30 de abril de 1977, que luego se transformaron en las Rondas de los jueves, con los pañuelos blancos en sus cabezas, y, a partir de diciembre de 1980, las Marchas de la Resistencia, cuyas rondas ampliadas duraban 24 horas. En noviembre de 1977 también hicieron su aparición pública Abuelas de Plaza de Mayo con una petición a la OEA y una carta de lectores en el Buenos Aires Herald, que desnudaba otro aspecto atroz de la dictadura: la apropiación de los hijos/as de los desaparecidos/as.
La primera solicitada que develó la situación que se vivía en Argentina fue publicada en La Nación el 10 de diciembre de 1977. Bajo el título “Solo pedimos la verdad”, cerca de 800 familiares de desaparecidos exigían saber el paradero de sus seres queridos. La respuesta de la dictadura fue el secuestro y la desaparición de 12 familiares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz para organizarse contra la represión y que habían impulsado la solicitada.
Las presentaciones continuaron y se logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hiciera presente en nuestro país en septiembre de 1979 y constatara la veracidad de las denuncias. La CIDH emitió en 1980 el informe que ratificaba las violaciones a los derechos humanos que se producían en Argentina. El 13 de octubre de ese año, Adolfo Pérez Esquivel, ex preso político de la dictadura y cofundador del Servicio Paz y Justicia, recibió el premio Nobel de la Paz, lo que significó un espaldarazo global a esta lucha desigual.
Una parte importante de la estrategia de los organismos que nucleaban a familiares, ex detenidos sobrevivientes y exiliados fue la denuncia internacional sistemática. El 31 de enero de 1981 se llevó a cabo el Coloquio de París “La política de desapariciones forzadas de personas” con la participación de más de 500 juristas del mundo y la presidencia del premio Nobel de la Paz. Allí Augusto Conte Mac Donell y Emilio F. Mignone presentaron su trabajo sobre la doctrina que equiparaba el accionar dictatorial al concepto de “paralelismo global”, es decir, equiparaba lo que decía la norma, los actos públicos y los ilegales.
Simultáneamente, abogados y organizaciones continuaban su tarea de hormiga solicitando hábeas corpus y ratificando denuncias de secuestros. Una de ellas finalizó con el encarcelamiento del vicealmirante Rubén Chamorro –jefe de la ESMA– por el secuestro de Inés Ollero, luego de un tenaz proceso encarado por el padre de Inés y su abogado defensor, el doctor Jaime Nuguer, cuyo hermano aún permanece desaparecido.
Encuentros, pintadas, volanteadas, marchas y actos culturales fueron otras herramientas efectivas para difundir, no olvidar, comprometerse y enfrentarse a tan perverso accionar. Las marchas del 7 de agosto y 7 de noviembre de 1981 a San Cayetano, del 30 de marzo y del 16 de diciembre de 1982 a Plaza de Mayo fueron convocatorias masivas en las que el esclarecimiento de las desapariciones se unió a otras causas.
En abril de 1983, los militares emitieron el “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” en el que diluían sus responsabilidades. El 22 de septiembre promulgaron la Ley 22.924, conocida como “Ley de Autoamnistía”, que los liberaba ante futuros juicios. El candidato justicialista la avaló y el candidato del radicalismo la condenó. El resultado electoral del 30 de octubre también estuvo influido por esas posiciones ante el intento de impunidad militar. Y, a la vez, estableció un claro mandato al futuro presidente en materia de derechos humanos.
Raúl Alfonsín, al tercer día de su mandato presidencial, envió al Congreso Nacional el proyecto de ley para derogar la “Ley de Autoamnistía”. La primera ley aprobada en democracia fue su derogación y la modificación del Código de Justicia Militar, que habilitó a la Justicia Federal a apelar en caso de absolución por parte de los jueces militares, tras lo cual se comunicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el decreto de procesamiento de los integrantes de las tres primeras juntas militares.
Paralelamente, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que escuchó el testimonio de miles de víctimas y familiares, y emitió su informe el 20 de septiembre de 1984 en el que certificó la desaparición de miles de personas durante la dictadura, el funcionamiento de 300 centros clandestinos de detención y el modo operativo de secuestro, tortura y asesinato.
Los jueces militares dilataron su fallo pero la divulgación del informe de la Conadep, ante una multitud reunida en Plaza de Mayo, los dejó sin coartada y resolvieron absolver a sus compañeros de armas. Comenzó, entonces, el camino hacia el juicio federal. El 22 de abril de 1983, la Cámara Federal Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, inició las audiencias orales que duraron hasta el 14 de agosto. El fiscal fue Julio César Strassera con quien colaboró el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Declararon 833 testigos entre ex detenidos, familiares y represores sobre 709 casos. Los testimonios de las víctimas fueron desgarradores pero precisos; revelaron la actitud perversa de sus captores y también la existencia de un plan coordinado de eliminación de personas. Pocas veces el horror fue contado con tanta claridad en forma pública y pocas veces el impacto fue tan masivo. No fue televisado pero el diario Página 12 publicó día por día el registro de las sesiones y la información fue permanente.
Fue una demostración de cómo articular la necesidad de ejercer justicia y de consolidar un régimen político democrático, sin ánimo de venganza y condenando claramente los delitos de lesa humanidad y la pretensión de impunidad. Inauguró una nueva etapa global en materia de derechos humanos y, en el Cono Sur, fue el antecedente para develar la trama de interconexión entre las dictaduras de la región para cometer crímenes masivos conocida como Plan Cóndor.
El fiscal César Strassera acusó a las tres juntas militares de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental, en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta jerarquía militar. El 9 de diciembre de 1985 los jueces dieron a conocer su sentencia: Videla y Massera, reclusión perpetua; Agosti cuatro años y seis meses de prisión; Viola diecisiete años de prisión; Lambruschini ocho años de prisión; Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos. Más adelante se probarían las apropiaciones de hijos e hijas de las víctimas y mediante una tenaz búsqueda se lograría la restitución de muchos de ellos/as a sus familias.
Fallo de trascendencia universal, que permitió al pueblo argentino conocer el horror de los actos de quienes se sintieron dueños de la vida y la muerte de todos/as y que nos arropó en una frase breve y demoledora: NUNCA MÁS.

Ruben Ruiz
Secretario General