Golpe de estado, fusilamientos, persecusión y cancelación popular

Un día como hoy pero de 1955 se produjo el golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional encabezado por el general Juan Domingo Perón e instaló una dictadura cívico-militar encabezada por el general Eduardo Lonardi.
El contexto económico nunca fue fácil para el segundo gobierno peronista. Desde finales de 1951 la situación económica se complicó. Las exportaciones de carnes y granos comenzaron a descender, producto de dos años consecutivos de sequía y del aumento del consumo interno. Los precios internacionales cayeron como consecuencia de una mayor producción en los países competidores (EE UU, Canadá y Australia) y de la recuperación experimentada por Europa gracias al Plan Marshall. Eso produjo un brusco desequilibrio en la balanza de pagos. Las medidas que se tomaron evitaron pérdidas de puestos de trabajo pero contrajeron las importaciones, lo que impactó en el ritmo del proceso de industrialización. La inflación, la incipiente falta de divisas y el mercado negro fueron los desafíos a vencer.
Con una fuerte voluntad popular por superar las dificultades, las elecciones del 11 de noviembre de 1951 dieron un rotundo triunfo a la fórmula Perón-Quijano con el 61% de los votos. El 26 de julio de 1952 el fallecimiento de Evita produjo una gran conmoción popular y una pérdida política de inmensas proporciones. En abril de 1954, en las elecciones para vicepresidente (dado el fallecimiento de Hortensio Quijano) nuevamente triunfó el peronismo, esta vez con el 64% de los votos, y fue electo el almirante Alberto Teisaire. La legitimidad popular se vuelve a ratificar plenamente.
No obstante, ese año comenzó un distanciamiento entre el gobierno y la iglesia que fue escalando progresivamente. El 17 de marzo, el general Perón había recibido a los pastores pentecostales aunque la jerarquía eclesiástica no estuviera de acuerdo. Las relaciones se tensaron, la iglesia usó los púlpitos para elevar la crítica y el 22 de noviembre publicó una carta pastoral y una carta abierta al presidente en la que planteaba que los sacerdotes no debían participar en actividades políticas pero que, si actuaban en defensa de los principios de la doctrina católica, no realizaban oposición política sino defensa del Altar.
El 2 de diciembre se eliminó por decreto la Dirección de Enseñanza Religiosa en el Ministerio de Educación y el 13 comenzó en la Cámara de Diputados la discusión por una reforma del Código Civil. En pocos días se aprobó por amplia mayoría y se promulgó esa reforma mediante la ley N° 14394, que incluía el divorcio y la suspensión del dictado de las materias Religión Católica y Moral. Simultáneamente, se desarrollaba una huelga universitaria que se prolongó desde octubre del ’54 hasta marzo del `55. La oposición política, con una representación legislativa muy pequeña, encontró un lugar gravitante en la esfera pública.
En paralelo, la cuestión energética se agravó y el 6 de mayo de 1955 el gobierno se vio obligado a firmar un contrato desfavorable con la Compañía California Argentina de Petróleo S.A del Estado de Delaware, Estados Unidos, a quien le cedía los derechos exclusivos de explotación de petróleo y gas por 40 años sobre una superficie de 49.800 km2 en la Patagonia Sur.
El 11 de junio de 1955 en el marco de la procesión de Corpus Christi que se encaminaba hacia el Congreso, se quemó una bandera argentina, se izó una bandera del Vaticano y se produjeron serios enfrentamientos. Al día siguiente, se realizó una marcha para repudiar los hechos del día anterior y se llevaron a cabo varias detenciones de integrantes de una “guardia que protegía la Catedral”. Así, la iglesia, que era un aliado vital en 1946, se transformó en un enemigo decisivo en 1955.
En ese clima, durante el mediodía del jueves 16 de junio de 1955, se produjo el cobarde bombardeo a la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno y los edificios aledaños. El ataque fue perpetrado por la Aviación Naval, la Infantería de Marina y 300 “comandos civiles”. Se lanzaron más de 100 bombas y el dramático resultado fue la muerte de más de 300 personas y más de 1000 heridos, la mayoría trabajadores, estudiantes, niños y funcionarios indefensos que transitaban por las adyacencias, visitaban lugares históricos o iban a almorzar. El ataque no logró su objetivo, una parte de los atacantes huyen a Uruguay, pero la tragedia ya estaba desatada.
Ese mismo día, se produjo una rebelión popular contra la masacre de Plaza de Mayo, se realizó una movilización multitudinaria de los trabajadores, durante la tarde noche se quemaron 10 iglesias y se llevó a cabo una enorme marcha de antorchas en medio de un silencio penetrante.
El atentado militar fue un anticipo de lo que pasaría tres meses después. Una parte importante de la oposición se unió al sector golpista de las Fuerzas Armadas y la jerarquía eclesiástica, y se consumó el golpe. El 16 de septiembre se sublevó una parte del ejército, de la fuerza aérea y toda la marina. La flota de mar que había zarpado de Puerto Belgrano, bombardeó y destruyó la destilería de YPF en Mar del Plata y amenazó con reiterar la acción en Dock Sud. El presidente Juan Domingo Perón designó una junta militar para que acuerde el fin de las hostilidades y evite un baño de sangre.
El 20 de septiembre esa junta se reunió con los golpistas en el Crucero A.R.A “17 de Octubre” y se firmó el acta en la que se acordaron los términos del conflicto: renuncia del general Perón a la presidencia de la República, refugio provisorio en la cañonera paraguaya “Paraguay” amarrada en Puerto Nuevo y su posterior viaje y exilio en Asunción. Simultáneamente, los golpistas asumían el gobierno provisional a cargo del general Eduardo Lonardi.
Paradojas de la historia: el Crucero A.R.A “17 de Octubre” fue rebautizado por esa dictadura con el nombre de Crucero A.R.A. “General Belgrano”, que será impactado el 2 de mayo de 1982 en otro ominoso bombardeo a cargo de los británicos en la Guerra de Malvinas, cuando se encontraba en la zona de exclusión del conflicto y donde murieron 323 patriotas, en su mayoría jóvenes tripulantes argentinos.
16 de septiembre. Un nefasto golpe a la voluntad popular y a la posibilidad de resolver las diferencias existentes en nuestra sociedad mediante métodos democráticos. Otro desgarro que se suma al de 1962, 1966 y 1976. Hechos para no olvidar ni permitir que se repitan.