El gobierno virreinal fingía demencia y esa mañana los cabildantes se reunieron a las nueve horas e intentaron tratar los temas habituales del funcionamiento de la ciudad.
No obstante, los hechos ocurridos en días anteriores tuvieron un gran peso e inmediatamente iniciaron una sesión privada para encontrar la forma de cumplir con lo acordado ante los jefes militares y ante quienes se habían apersonado al Fuerte la noche anterior.
En la Sala de Acuerdos deliberaron: Juan José de Lezica y Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, Manuel Mancilla, Alguacil mayor y los regidores Manuel José de Ocampo, Juan de Llano, Jaime Nadal y Guarda, Andrés Domínguez, Tomás Manuel de Anchorena, Santiago Gutiérrez, con asistencia del Síndico Procurador general, Julián de Leyva. Otorgaban verosimilitud jurídica a la reunión la presencia del Fiscal de lo civil, Manuel Genaro Villota, y del Capitán de fragata Juan de Bargas. La discusión estaba rodeada de un marco de tensión porque en la Plaza de la Victoria (hoy, Plaza de Mayo) habían hecho su aparición nuevos actores que demandaban celeridad en las decisiones.
Eran “Los infernales” comandados por Domingo French y Antonio Luis Beruti y acicateados por Buenaventura de Arzac, alias “El gigante”, de oficio impresor y escritor que había participado en los enfrentamientos contra los ingleses. Lo conformaban trabajadores de Montserrat, San Telmo y San Nicolás, pulperos, pequeños comerciantes, originarios, mestizos y esclavos que habían sido excluidos sistemáticamente de lo toma de decisiones y que abogaban por la destitución del virrey.
Se habían convocado en la Plaza de la Victoria. Eran unos 600 munidos de pistolas y puñales, sombreros con el retrato impreso de Fernando VII y cintas blancas que indicaban la unidad de los criollos y los españoles dispuestos a ganar grados de autonomía. Presionaron con firmeza y amenazaron con desbordes si no cumplían lo prometido.
Dentro del Cabildo los regidores tomaron la decisión de visitar al virrey a su despacho en el Fuerte y solicitarle la concreción del Cabildo Abierto o Congreso público para que se expresara la voluntad popular. Comisionaron a Manuel José de Ocampo y Andrés Domínguez para que entregaran el oficio y lograran el visto bueno del virrey Cisneros a dicha convocatoria.
El virrey aceptó el convite pero hizo circular un documento reservado entre los capitulantes para manipular los acontecimientos futuros en el que les pedía que todo se hiciera para conservar la autoridad de Fernando VII, la integridad de los dominios y la autoridad del Supremo gobierno español en esos momentos depuesto. Con esa habilitación virreinal, los cabildantes le solicitaron por nota al comandante Cornelio Saavedra que se hiciera cargo de la seguridad pública y tomara las medidas para conservar el orden.
La impaciencia crecía en la Plaza de la Victoria. Algunos querían pasar a los hechos e ingresar al Cabildo ante el exagerado tiempo de indefinición. Finalmente, el Síndico procurador Julián de Leyva salió al balcón, comunicó en forma ambigua que el virrey había dado su aceptación a la convocatoria del plenario cívico para el día siguiente, que el Ayuntamiento se haría cargo de las diligencias y los exhortó a que volvieran a sus casas.
El tono en que se dirigió a los manifestantes y la imprecisión de sus dichos enfureció aún más a la mayoría que exigió sin cortapisa la suspensión en el cargo del virrey Cisneros. El disgusto y la tensión crecieron hasta que hizo su aparición Cornelio Saavedra quien aseguró que la sesión se realizaría en tiempo y forma y que garantizaba el apoyo de las guarniciones militares bajo su comandancia a los reclamos del pueblo. Las aguas se calmaron y la movilización se fue desgranando impaciente, nerviosa, expectante.
Ni lerdos ni perezosos, los cabildantes elaboraron un minuciosos listado de asistentes al cónclave del 22 de mayo que constaba mayoritariamente de comerciantes, vecinos “notables”, clérigos y frailes, hacendados, funcionarios y empleados vinculados a la administración, jefes y oficiales de mar y tierra, profesionales liberales, entre otros. Es decir, se aseguraban una mayoría para prolongar el mantenimiento del poder colonial. De inmediato aprobaron el pago de la factura para la impresión de las acreditaciones que permitirían el acceso al cónclave.
Solo olvidaron un pequeño y decisivo detalle.
Las esquelas con las que se convocaba a los participantes al Cabildo Abierto se enviaron a confeccionar en la Imprenta de los Niños Expósitos (única en condiciones de realizar el trabajo con rapidez) que estaba a cargo de Agustín Donado, partidario de ser una nación libre y partícipe del grupo político que comandaban French y Beruti. Con sigilo, tenacidad y rapidez de acción bloqueó algunas invitaciones a encumbrados simpatizantes de los realistas y ordenó la confección de otras a simpatizantes patriotas. La distribución se realizó en tiempo récord. Se repartieron 450 tarjetas de acreditación. La jugada estaba hecha con discreción.
Los acontecimientos se continuaban encadenando sin un resultado preciso y los actos de ambos bandos no eran ingenuos ni neutrales. El poder estaba en juego…

Ruben Ruiz
Secretario General