Primera marcha contra la Corte Suprema en la historia argentina

Un día como hoy pero de 2001 la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) convocó a una marcha al Palacio de Tribunales a las 13 horas para exigir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de la Nación en la que participaron 500 personas y que desencadenó un hilo de acontecimientos determinantes para que se produjeran, finalmente, los cambios exigidos por la mayoría de la sociedad respecto a una parte decisiva en la administración de justicia.
Valiente decisión de la AAL porque construyeron una protesta pública ante el tribunal supremo que tenía la decisión final en causas patrocinadas por ellos mismos y porque identificaron un actor político definido, con capacidad de daño en la vida de miles de personas e influencia decisiva en la jurisprudencia general, dentro de la marea genérica del “Que se vayan todos”.
Pero esta convocatoria tiene su historia.
La Corte Suprema ampliada por el gobierno de Carlos Menem para tener una mayoría adicta fue funcional a sus políticas económicas pero, fundamentalmente, antiobrera y devastadora respecto a la vigencia legal de los derechos laborales. Por eso, no es casual que la primera reacción proviniera de los abogados del fuero del trabajo.
Los fallos de la Corte Suprema menemista fueron vergonzosos durante su permanencia y con sus diferentes miembros. Entre otros horrores, permitió que la ley estableciera condiciones más desfavorables que las previstas en los Convenios Colectivos (Soengas C/Ferrocarriles Argentinos), falló en contra de que se aplicaran los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores municipales contratados (Leroux de Emede c/ Municipalidad de Buenos Aires), rebajó la tasa de interés en la actualización de los créditos laborales (López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/accidente), acotó las responsabilidad solidaria de las empresas que utilizaban los servicios de contratistas (Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro), avaló los topes indemnizatorios en caso de despido sin causa (Villarreal, Adolfo c. Roemmers s/ cobro de salarios).
El daño fue integral, perverso y ejecutado con alevosía.
El 20 de noviembre de 2001 la Corte Suprema revocó el procesamiento y la consecuente prisión preventiva de Emir Yoma, imputado como organizador de una asociación ilícita, consolidando así la destrucción del derecho del trabajo y el fraude laboral y el 21 de noviembre revocó la prisión domiciliaria que cumplía Carlos Menem en Don Torcuato y que fue liberado al día siguiente.
En ese contexto, el 30 de noviembre la AAL invitó a diversos sectores de la sociedad a conformar una Junta Promotora del Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el transcurso de los meses se sumarían la Federación Judicial Argentina, la Central de Trabajadores Argentinos, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Previsionalistas, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora). Simultáneamente, convocó a la marcha al Palacio de Tribunales.
Ese mismo 28 de diciembre la Corte comunicó su fallo por el cual obligaba al ahorrista Marcelo Kiper a devolver el dinero que había logrado retirar del banco mediante una acción judicial contra el corralito. Insólito pero real.
A las 13 horas se desplegó la bandera de la AAL con la consigna “Fuera la Corte Suprema” en la entrada del Palacio de Tribunales.
El éxito inicial de la marcha permitió que hubiera una nueva convocatoria para el 10 de enero a las 17 horas en la que fuimos bastante más. Ya no se pudo realizar en las escalinatas de Tribunales y se habilitó Plaza Lavalle. No solo se acercaron actores vinculados a la actividad judicial, sino que había trabajadores/as ocupados y desocupados, jubilados/as, profesionales, comerciantes, amas de casa, vendedores ambulantes. Nos congregamos más de 2000 ciudadanos/as en una marcha inédita contra una instancia colegiada que parecía intocable aunque fallara barbaridades impunemente.
El 17 de enero ya nos convocamos 4000 manifestantes y, después de la concentración de Plaza Lavalle, un grueso marchó hacia la casa de Julio Nazareno y de Antonio Boggiano, en el barrio de Recoleta. Las protestas crecían y el 24 de enero se sumaron varias asambleas barriales de CABA y el Gran Buenos Aires y la Asociación de Kiosqueros Unidos. El 31 de enero se agregó un condimento organizativo novedoso: la recolección de firmas para impulsar la renuncia de los magistrados supremos. Por supuesto, la visita a la casa de los magistrados de Recoleta ya se había convertido en un rito colectivo, ruidoso y sanador.
El 1º de febrero de 2002 la Corte, presionada por la voluntad ciudadana, falló en el caso “Smith” y admitió los amparos contra el corralito pero también hizo de las suyas: falló en el caso “Gorosito” en el que impidió exigir una indemnización por una enfermedad profesional bajo los parámetros del Código Civil. En calidad de ahorrista te abrían la puerta para un eventual reclamo pero en calidad de trabajador/a nos la cerraban cada vez más.
Los reclamos continuaron durante varias semanas y las pintadas con la frase Nazareno+Menem= Asociación ilícita, sobrevivían en algunas paredes de la ciudad de Buenos Aires. En febrero de 2002 la Cámara de Diputados abrió el procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema; no se llegó a los dos tercios para consumar sus separaciones. Pero el juez Gustavo Bossert que había cosechado la mayor cantidad de votos para su continuidad, renunció a su cargo.
En 2003, el presidente Néstor Kirchner le dio prioridad al asunto del tribunal supremo y promovió el juicio político contra Julio Nazareno, Adolfo Vásquez, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor. Los tres primeros renunciaron, Moliné O’Connor fue destituido a fines del 2003 por la Cámara de Senadores y Antonio Boggiano fue destituido por la Cámara alta en 2005. Fue un largo proceso pero se respetó el derecho a la defensa y no se incumplió ninguna norma legal.
A su vez, promulgó el Decreto Nº 222/03, que autolimitó las atribuciones del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema, estableció un procedimiento público para los nombramientos, la posibilidad de objeciones de los ciudadanos a las candidaturas, la realización de audiencias públicas y la publicidad obligatoria de los antecedentes de los postulantes. Por último, en noviembre de 2006, se convirtió en ley el proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner por el que se redujo de nueve a cinco la cantidad de integrantes de la Corte Suprema.
Nunca más pertinente la justicia de una efeméride que nos refresque la lucha iniciada por los abogados laboralistas para que la decisión de los ciudadanos comunes en accionar por sus derechos no se vea cercenada tan burdamente por las vinculaciones políticas de los miembros de un tribunal que tiene la posibilidad de dañar seriamente la vida de la comunidad.
Salú Asociación de Abogados Laboralistas!! Por su audacia en un momento convulsionado, por la precisión en identificar a una parte de los responsables de la degradación, por el acierto de la movida, por seguir en el sendero de la defensa de los/as que movemos la rueda todas las mañanas.

Ruben Ruiz
Secretario General