Los poderosos globales del GNL (Gas Natural Licuado) impusieron sus condiciones para que Argentina no tenga su propia planta de procesamiento y exportación de gas natural al mundo. Hoy, los empresarios privados, el gobierno nacional y el gobernador de Rio Negro hacen esfuerzos mediáticos enormes para explicar que la explosión de inversiones y puestos de trabajo que se iba a producir con la construcción en Punta Colorada será reemplazada por un contrato con buques licuefactores flotantes extranjeros y/o con alguna compra de nuevos buques.
Eso implicará barcos de propiedad foránea, trabajadores de otros países del mundo y solo pago de impuestos del fluido que eventualmente se exporte. Es más. Tratan de convencernos de que la construcción de dicha planta nunca estuvo seriamente consolidada en los planes de las empresas impulsoras del proyecto.
Todo esto con total naturalidad. Si hubiera sido así, toda la discusión política sobre su emplazamiento de la planta en cuestión en la provincia de Buenos Aires o de Río Negro no hubiese existido y el proceso de exportación de gas natural estaría mucho más cerca de concretarse. Es obvio que jugaron otros factores.
El primero es que al no haber una planificación sobre el destino a largo plazo y el uso racional del gas natural los argentinos/as estamos a expensas de las pujas entre privados. Esto se vio con claridad en la descomposición de las alianzas empresarias iniciales y nuevas conformaciones (la deserción de Petronas, la incorporación silenciosa de Shell y PAE) o en la simultaneidad de proyectos para disputar el negocio de la exportación (la amenaza que hubo por parte de PAE con promover la exportación desde Bahía Blanca mediante un proyecto paralelo al de Punta Colorada).
El segundo, fue la presión de los constructores y mayores transportistas de GNL en el mundo (EE UU, Corea del Sur, Japón, Noruega, Italia, Gran Bretaña, Rusia, Qatar, Malasia) para que sus buques (o los ellos construyan en sus países) fueran los que finalmente procesaran y transportaran el gas que se exporte desde Argentina.
De hecho, los accionistas de las sociedades hasta ahora conformadas para los potenciales proyectos futuros son: el consorcio Southern (PAE tiene un 40%, Pampa Energía un 20%, YPF un 15%, la británica Harbour Energy un 15% y la noruega Golar un 10%) con un contrato de largo plazo y un fee de tres dólares que deberemos pagar cada 27m3 exportados. El consorcio formado por YPF (35% de las acciones), Shell (otro 35%) y otras petroleras extranjeras a confirmar. El consorcio formado por YPF, la italiana ENI y otras dos petroleras con tenencias iguales del 25%.
Además, todo este contexto internacional está atravesado por una disputa feroz entre las constructoras y operadoras de gasoductos y los conglomerados que quieren imponer el GNL como el combustible de mayor presencia en el futuro y con mayor peso en el comercio energético mundial.
Sin política propia que garantice el procesamiento y la industrialización del gas natural en nuestro territorio será difícil disputar este partido global. Peor aún. Todavía existen discusiones sobre la construcción del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno) para transportar y distribuir gas natural a los argentinos/as tan necesario para el consumo interno como para la exportación a Brasil, vía Bolivia.
Habrá más capítulos en esta saga. Porque hay más disputas (sistemas de tanques de membranas o tipo musgo, buques metaneros y unidades flotantes de almacenamiento y regasificación – FSRU o unidades flotantes de gas natural – FLNG, plantas procesadoras en tierra firme (on shore) o barcos fábrica flotantes (off shore), etc.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
