El miércoles 12 de junio el Senado habló con claridad: el salario no es ganancia y votó en contra de su restitución en forma
contundente, 41 votos a 31.
Ahora, el gobierno quiere revertir ese voto con maniobras anticonstitucionales.
Utiliza una política extorsiva hacia las provincias y presiona con los medios masivos de comunicación.
Su actuación tomó las peores prácticas que tanto criticó en la campaña electoral (oferta de embajadas, uso unilateral de su poder
para trasladar la obra pública, nombramientos en entes internacionales, pago de viáticos para viajes de parlamentarios al exterior).
Nada de eso alcanzó en este capítulo del paquete fiscal porque el millón de trabajadores/as que sufrimos el impuesto a las ganancias
estamos diseminados en todo el país y la posibilidad de que se incorpore un millón más de trabajadores/as al pago del tributo es
absolutamente cierta.
El gobierno ha declarado públicamente que quiere reinstalar el impuesto a las ganancias porque pretende reducir bienes personales,
el impuesto País y mantener las exenciones a grandes empresas. En efecto, no discute cómo recaudar mejor sino quien paga esa
inequitativa decisión política.
Su respuesta es clara: que paguen dos millones de trabajadores/as para beneficiar a 200.000 grandes contribuyentes y a las
grandes empresas a quienes les dio el manejo de una parte importante del Estado.
Pretende restablecer el injusto impuesto a las ganancias en la Cámara de Diputados a pesar de lo estipulado taxativamente por la
Constitución Nacional. La Carta Magna es clara en su Art. 81: cuando una de las Cámaras rechaza total o parcialmente un
proyecto, no se puede volver a tratar ese proyecto en su totalidad o esas partes del proyecto durante las sesiones de dicho año. Es
decir, la Cámara de Diputados no puede insistir con aquellas partes de la ley que el Senado rechazó. Es anticonstitucional.
En contraste, los trabajadores/as respetamos siempre los pasos democráticos para dar la pelea y ganarla.
Planteamos durante 12 años nuestra posición. Discutimos un año y medio con funcionarios del gobierno anterior para limitar o
anular el descuento sobre rubros específicos (plus por desarraigo o zona desfavorable, guardias activas y pasivas, antigüedad, plus
por capacitación, tareas jerárquicas, de supervisión o control de procesos, etc). Simultáneamente, discutimos con el Ministerio de
Economía anterior la eliminación del impuesto, presentamos alternativas para su sustitución y expusimos nuestros argumentos a
varios bloques parlamentarios. Logramos la eliminación del impuesto con abultadas mayorías parlamentarias. Reiteramos nuestras
razones en la actual legislatura y logramos que no se reinstale.
Exigimos que se cumpla la ley y que se respete a la democracia y a los trabajadores/as.
APSEE – APSAI – APSMBA – APJBO – APDFA – CEPETEL – Asoc. Judicial Bonaerense – FJA – APJ GAS – SIPREBA – FAPJRA – APJ Televisión
Pública – ABP Buzos – ASIJEMIN – Asociación Bancaria – APS Mercedes Benz – SEC (Rama Peajes) – UPJ Bco. Pcia. Bs. As. – CTERA –
FTCIODyARA (Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de R.A) – FOETRA Bs. As. – UPJET – SECASFPI – SOEPU – FGB – AGTSyP – ASSRA – APDESBA – UPJe Petroquímicos de B. Blanca – APJ CABA – APLA – AEPJN – FETERA – Sind. Químico Papelero de Cap. Bermúdez –
SOERM – FESPROSA – SITRAJU – SUTEPA – UTI – CICOP – SPIQyA San Lorenzo – Sindicato Obreros Curtidores – SECEIC – AMS Casinos
Pcia. Bs. As. – Luz y Fuerza La Pampa – Luz y Fuerza Zárate – Luz y Fuerza Mar del Plata – OTECH – APCNEAN – ATE CNEA – STIGAS
CABA y GBA – La Plata – Mar del Plata – Neuquén-Rio Negro y Patagonia Sur – Asociación de Médicos Municipales CABA –
Federación de Profesionales de la Salud del GCABA – Sindicato N.Or.T.E Rosario – AGAE – Asociación de Médicos de la Actividad
Privada – ATE Hospital Nacional Laura Bonaparte – FAGDUT