La votación registrada en la Cámara de Diputados el jueves 27 de junio tiene elementos de inconstitucionalidad y arbitrariedad manifiesta que atacan derechos consagrados, leyes anteriores votadas con legitimidad total y contubernios explícitos para socavar la voluntad de algunos parlamentarios que debilitan nuestra vapuleada democracia.
En el caso de la restitución del impuesto a las ganancias y la rebaja de bienes personales, lo aprobado contradice el Artículo 81 de la Constitución Nacional que establece con claridad meridiana que lo rechazado por una Cámara del Congreso no puede ser repuesto por la otra. En consecuencia es un acto nulo.
La APJ GAS junto a la “Mesa Sindical El Salario No es ganancia” delineará una estrategia común para reclamar a la justicia la anulación de dicha votación por sus rasgos manifiestos de inconstitucionalidad y para acordar otros pasos que permitan enfrentar con eficacia este despojo que afecta a un millón de trabajadores/as e incorporará a otro millón, conforme avancen las discusiones paritarias que mantenemos con esfuerzo para no perder frente a la inflación oficial.
Tan preocupante como el hecho de que nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo mientras aprueban la rebaja de Bienes Personales a los 200.000 contribuyentes más ricos de nuestro país es lo aprobado respecto a la remanida “reforma laboral”. Hay aspecto de regresión al siglo XIX: un empleador que contrate hasta tres trabajadores/as no será patrón, no tendrá ninguna responsabilidad contractual con el obrero/a o empleado/a. Los empresarios que hayan registrado mal o no hayan registrado a un trabajador/a no tendrá multas ni sanciones. Se amplía el período de prueba hasta un año, depende la empresa de que se trate. Se elimina el causal de discriminación para los despidos.
En el mismo sentido, la votación alcanzada por una mayoría circunstancial atacó seriamente nuestra soberanía económica y territorial en momentos en que las potencias del mundo están ávidas de apropiarse de recursos naturales que no les pertenecen. El RIGI es la herramienta que utilizarán en la República Argentina: explotarán nuestros recursos naturales e industrias estratégicas (petróleo, gas, energía, minería, siderurgia, infraestructura, tecnología, actividad forestal, turismo) sin cortapisas y tendrán diferentes tratos preferenciales para no pagar o pagar menos impuestos por hasta 30 años.
La industria nacional gracias. A partir de ahora estará en condiciones de inequidad absoluta para competir o deberá claudicar ante los poderosos del mundo económico. Y, además, habrá trato preferencial a las provincias que adhieran al régimen respecto a aquellas que no lo hagan. En este sentido, el primer conflicto ya estalló: la planta de GNL que YPF y Petronas iban a construir en Bahía Blanca sin RIGI (ya habían presentado el proyecto y el pedido de autorización sin solicitud de exenciones impositivas) entró en período de turbulencia. La disputa entre la provincia de Buenos Aires y Rio Negro ya se inició.
Ni que hablar de las facultades delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética. Siempre está mal agregar facultades especiales al presidente en un sistema presidencialista. La historia nos ahora de comentarios.
Rebajan nuestro salario y conculcan derechos. La defensa propia colectiva es un deber.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
