En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 39/2025 que rechaza el DNU 340/2025 con elque el Ejecutivo nacional pretendía establecer un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, bajo el pretexto de declarar como servicio esencial a la navegación de agua marítima y limitar su derecho de huelga.
Esa Resolución era la cabeza de playa para limitar el ejercicio constitucional de huelga de todos los trabajadores/as en la República Argentina, especialmente de aquellos que desempeñamos nuestras tareas en las empresas de servicios públicos. limitando en forma ilegal ese derecho conquistado.
La publicación oficial que revoca ese intento de cercenar nuestro derecho a la protesta organizada lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, tal como obliga la norma vigente.
Recordemos que dicha Resolución fue una artimaña desesperada que utilizó el gobierno para atacar a los trabajadores/as en los últimos días de vigencia de los poderes extraordinarios que, lamentablemente, le otorgaron la Cámara de Diputados y Senadores al inicio de su mandato y que los trabajadores organizados y el movimiento sindical rechazó de diversas formas hasta lograr su derogación definitiva.
Con este acto legislativo se ratifica la vigencia del derecho constitucional de huelga.
Además, se publicaron en el Boletín Oficial diferentes resoluciones que derogan decretos presidenciales mediante los cuales se establecía el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la disolución y transformaciones que limitaban el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
También perdieron validez legal los decretos presidenciales por los cuales se reestructuraba de forma letal el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y se atacaba la estructura del Instituto Nacional del Teatro.
Estas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial también llevan las firmas obligadas del presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, según correspondió a su tratamiento legislativo final. Es decir, se cumplieron los pasos constitucionales y de comunicación legal para el efectivo rechazo y pérdida de vigencia y validez de los decretos presidenciales mencionados.
Las trabajadoras/es organizados demostramos nuestra capacidad para defender derechos conquistados durante años de lucha y sostener organismos estatales esenciales y valiosos.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
