El gobierno logró que se votaran la ley Bases y el paquete fiscal con una serie de concesiones que también hablan de su debilidad y una puesta en escena digna de la “casta” que, supuestamente, prometió combatir. En primer lugar, obtuvo facultades delegadas. Pidió once por dos años, prorrogable otros dos. Alcanzó cuatro por un año. Malo pero más acotado.
No logró la derogación de la moratoria previsional. Por eso, aquellos trabajadores/as que no alcanzaren los 30 años de aportes podrán ingresar a la Prestación Universal por Adulto Mayor (PUAM) equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Se rechazó la restitución del impuesto a las ganancias sobre el salario por 41 a 31 votos que hubiera implicado la incorporación de un millón de trabajadores/as bajo el injusto tributo. Por lo tanto, el piso mínimo será equivalente a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles con la inoxidable “tablita”. Se rechazaron las modificaciones a Bienes Personales pero se mantuvo el blanqueo de capitales y el Régimen de Regularizaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.
La reforma laboral y la precarización dieron un paso más.
Se aprobó que los empleadores puedan regularizar vínculos laborales no registrados con eximición de multas y sanciones y también la eliminación del Registro de Sanciones Laborales.
Se aprobó la creación de la figura del “trabajador/a independiente” (en la práctica sin relación patrón-trabajador/a) para empresas de hasta tres empleados. No obstante, se incorporó una norma precautoria: _el artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, o sea, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, jurídica o económica_.
Se amplía el período de prueba hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa y deja en manos de la justicia la posibilidad del despido con causa por bloqueo o toma de establecimientos. Además, se eliminó la potestad de pasar a disponibilidad a los trabajadores/as estatales que se encuentre de licencia por enfermedad o accidente, embarazo o matrimonio y que, además, no puedan ser puestos en disponibilidad hasta que no venza el período de su licencia.
El oficialismo avanzó con normas destructivas para desguazar el Estado pero se logró limitar el número de empresas a privatizar: se eliminó del listado a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión del Estado; se excluyó la intervención de la CONEA y no se podrán disolver los organismos vinculados a la cultura.
Se aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que discrimina a la industria nacional, deja intactas las posibilidades de entrega de recursos naturales y actividades estratégicas y permite una serie de beneficios impositivos y disponibilidad de divisas inverosímiles. No obstante se limitó su alcance a infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, industria forestal y turismo y se incorporó un plan de desarrollo de proveedores locales.
Es el turno de la Cámara de Diputados. El oficialismo insistirá con artículos denegados. Los trabajadores/as no aflojamos.
No a la reforma laboral, a la entrega de recursos estratégicos ni a la regresión impositiva.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
