El Senado de la Nación dio media sanción a una ley de reforma laboral regresiva y esclavista. Pero hubo dos diferencias con otros momentos: una movilización multitudinaria de trabajadores/as para expresar su oposición activa en Plaza Congreso y en varias ciudades de nuestro país y su indignación y el hastío por la medición “trucha” de la inflación que pretende limitar las próximas negociaciones paritarias y vendernos un mundo de fantasías que muere en la puerta del almacén.
Ya no pueden mentir con que la reforma laboral mejorará el mercado laboral en Argentina y que la inflación se reducirá.
La mayoría no cree ninguna de las dos cosas, aunque todavía cueste expresarlo organizadamente, encontrar un camino eficaz para no perder los derechos que conquistamos durante décadas de lucha y que el salario supere a la inflación “trucha”.
Argentina se diferenció de otros países hermanos o de características similares al nuestro por una educación pública que generó igualdad de saberes y habilidades, una estructura protectoria del trabajador/ra, fruto de lucha y jurisprudencia específica y una fuerte organización del movimiento de los trabajadores/as que no se amilanó ni siquiera ante dictaduras genocidas. No puede existir un país tan desigual como el que tenemos si cuidamos la educación, nos organizamos para pelear por nuestros derechos y los transformamos en leyes que nos protejan de la avaricia del más fuerte.
Este proyecto de ley pretende barrer con esas herramientas colectivas que hacen más justa a la Argentina trabajadora.
Elimina el pago de horas extras con el “banco de horas”, pena al trabajador/a que se enferma por cualquier causa no atribuible a su tarea y lo condena a cobrar el 50% o 75% del sueldo sin actualizar, desfinancia el sistema previsional (o sea, les roba a los jubilados/as) para que las indemnizaciones le salgan gratis a los patrones, no considera trabajadores/as en relación de dependencia a miles de compañeros/as y los condena al monotributismo, declara esencial a casi todas las actividades productivas para que no haya huelgas, limita la justicia del trabajo, la pretende ineficaz y en manos de jueces que no conocen el mundo del trabajo e intenta borrar que fue creada como herramienta defensiva para evitar abusos patronales.
No es la primera vez que ocurre. También lo intentaron las dictaduras mediante cárcel, desaparición, muertes, exilios y despidos masivos (ayer se cumplieron 49 años del decreto que dejó sin afiliados a los sindicatos y que los trabajadores destartalaron con una reafiliación masiva e histórica en dos meses). Lo intentó el menemismo entregando nuestras riquezas e inventando el fantasioso uno a uno que dejó 20 millones de pobres; la fracasada Alianza con la corrupta ley “Banelco” y el macrismo ocultándola detrás de la reforma previsional. Ya avanzó incluso este gobierno a través de la Ley Bases que consolida la precarización. Todas fracasaron: las que se aplicaron provisionalmente y las que no. No generaron un solo puesto de trabajo, pero cada una de ellas dejó daños que costaron reparar y produjeron contradicciones al interior del movimiento popular.
Se asoma el segundo capítulo de esta tragedia anunciada: la votación en la Cámara de Diputados. Necesitaremos mayor organización para informar y convencer, mayor presión sobre los diputados dispuestos a traicionar su compromiso con la gente que los votó y mayor decisión para paralizar el país, movilizarnos y enfrentar un proyecto de ley que pretende hipotecar la vida de los trabajadores/as actuales y futuros y vaciar las cajas de jubilaciones y pensiones.
Una vez más nos quieren sometidos y con vida mínima. Nuestro derecho y responsabilidad es evitarlo.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
