El fallo de la Corte Suprema rechazando la demanda promovida por los Ex Combatientes de las Islas Malvinas sobre la vigencia de la Ley de Tierras y el silencio sobre la inconstitucionalidad del decreto 70/23 abrió una posibilidad que no imaginaron ni buscaron: construir un camino posible para frenar la extranjerización de nuestro país y recuperar derechos básicos que impactan sobre nuestra vida cotidiana.
El decreto 70/23 ya fue rechazado por el Senado de la Nación por amplio margen: 42 votos en contra 25 a favor y 4 abstenciones. Falta aún que lo rechace la Cámara de Diputados para que caiga su vigencia.
Esta es la manera más democrática, práctica y directa de superar las trampas leguleyas que utiliza el poder cuando el pueblo se expresa con firmeza y transparencia. Lo que el gobierno perdió en las calles y el Congreso Nacional, la Corte Suprema pretende reponerlo con argucias técnicas ilegítimas.
La Ley de Tierras no puede ser derogada por el decreto. El silencio cortesano sobre el fondo de la cuestión y este fallo intentan convalidarlo. Es nuestro derecho oponernos a este fraude presuntamente “legal” con herramientas que nos ofrece la democracia que supimos conseguir.
Además, el decreto 70/23 no solo permite la venta de nuestro territorio al mejor postor. También permite desregular salvajemente los intereses que cobran los prestamistas, desprotegen a millones de inquilinos, condenan a las personas discapacitadas y a sus familias, atentan contra la educación y la salud pública, legalizan privatizaciones a valores de remate y direccionadas a los “conocidos de siempre”, etc.
Es un derecho y una responsabilidad de las mayorías enfrentar esta situación que nos perjudica como Nación, como individuos y como sociedad.
Este camino a transitar tiene dos beneficios: limitar la fragmentación popular y consolidar la soberanía territorial junto a la devolución de derechos que nunca debimos haber perdido.
No es tan difícil. Una movilización en el Congreso Nacional y en todas las plazas del país para que la Cámara de Diputados rechace el decreto 70/23 será una ratificación de soberanía territorial y popular que no podrá ser eludida ni siquiera por la Corte Suprema.
Quisieron engañar al pueblo con un tecnicismo y abrieron el camino para una respuesta democrática, masiva, contundente y eficaz para sacarnos de encima este decreto que nos complica la vida diariamente.
El próximo 15 de octubre nos convocamos en defensa propia. Las plazas hablarán un solo idioma.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
