Lucha inédita y masiva de los chacareros contra los terratenientes en el litoral y la pampa húmeda
Un día como hoy pero de 1912 se iniciaba una rebelión agraria protagonizada por arrendatarios, subarrendatarios, aparceros y medieros del sur de la provincia de Santa Fe, que pronto se extendió al norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, La Pampa y Entre Ríos; que significó la irrupción de este colectivo rural en la política nacional y derivó en la creación de su herramienta gremial: la Federación Agraria Argentina.
La marea inmigratoria, mayoritariamente europea, que tuvo lugar a partir de 1880 se encontró con una realidad muy diferente a la prometida por las “agencias de inmigración”. A su arribo, fueron testigos de que millones de hectáreas habían sido otorgadas a unos pocos y que éstos habían encontrado un mecanismo para medrar con la desesperación de los recién llegados a nuestras tierras: el arriendo (y más tarde, el subarriendo). Por otra parte, el comercio de granos estaba en manos de pocas empresas exportadoras (Bunge y Born, Dreyfus, Weil Hermanos, Huni y Wormser, General Mercantile Co., Hardy & Mühlenkamp, Sanday and Co) que controlaban el mercado, fijaban los precios y anticipaban préstamos a acopiadores y comerciantes durante la campaña.
En 1900 había dos millones de hectáreas sembradas en Argentina. La mitad correspondía a la provincia de Santa Fe. Por consecuencia, la mayoría de los inmigrantes que decidieron que su futuro estaba ligado al campo desensillaron en esa provincia. Entre 1904 y 1912 habían ingresado 325.000 inmigrantes. La mitad eran españoles, 90.000 eran italianos y el resto de otras nacionalidades. Del total, 70.000 eran agricultores pobres que huían del hambre y las guerras en Europa.
Ese era el cuadro real de la época: terratenientes que concentraban la tenencia de los campos, estaban vinculados a la ganadería y arrendaban tierras para cultivo, empresas exportadoras de cereales monopólicas, miles de arrendatarios con diferentes tipos de contratación y gobiernos nacionales, provinciales y municipales ciegos, sordos y mudos.
Esos contratos eran leoninos: duraban un año, se cobraba un canon equivalente a un 40-50% de la producción que se abonaba en granos sanos, secos y embolsados (en bolsas que vendían los propietarios), las trilladoras y elementos de labranza se alquilaban solo a los dueños de la tierra, se obligaba a sembrar lo que imponía el propietario, se exigía que hubiera una sola cosecha, se impedía la cría de cerdos y vacas, se obligaba a vender la cosecha al establecimiento que ordenara el propietario y los artículos para la vida diaria se compraban en almacenes pertenecientes a los dueños de la tierra.
La cosecha constaba de tres etapas: la siega o cosecha propia, el emparvado (para el trigo) o troje (para el maíz) y la trilla. En esas operaciones participaba toda la familia. En los casos de familias poco numerosas, el arrendatario debía contratar mano de obra externa. La jornada de trabajo duraba hasta 18 horas. Un dato importante para entender la magnitud que alcanzó la huelga: en 1912 el 64% de los agricultores eran arrendatarios y el 36 % eran propietarios (el 75% de estos últimos tenía deudas impagables)
En 1910 bajó estrepitosamente el precio mundial del trigo y el maíz y los alquileres de los campos subieron hasta un 45%. En 1911 la cosecha había sido mala y las deudas se multiplicaron. En 1912 los precios internacionales subieron exponencialmente y la situación pintó mejor. Pero a los chacareros solo les alcanzó para pagar deudas. No había respiro ni con buenas cosechas ni con mejores precios.
Crecieron las reuniones clandestinas y nocturnas entre los chacareros. El 15 de junio se realizó una asamblea pública en Bigand. Participaron 1.000 personas, se reclamó libertad de trillar con la máquina más conveniente, fin de los desalojos y nuevos contratos. Mientras tanto crecía la organización en Alcorta. La chacra de los italianos Francisco Bulzani y María Rosa Robotti fue el primer centro de operaciones que luego se trasladó al sótano de la casa de ramos generales del socialista castellano Ángel Bujarrabal, aliado de los chacareros.
Finalmente, en la tarde del 25 de junio se realizó la asamblea en la Sociedad Italiana de Alcorta a la que concurrieron cerca de 2.000 personas que llegaron en sulkies. Bulzoni, secundado por Luis Fontana, el abogado Francisco Netri (fundamental para elaborar el petitorio reivindicativo), Esteban Pardiña, Gasparini, Peruggini, y Barcetta, describieron la situación crítica en que se encontraban a pesar de la buena cosecha. María Rosa, definió la discusión: “A la huelga”. Comenzaba el histórico Grito de Alcorta. La táctica fue la paralización de las tareas de labranza y la comunicación a través de las redes de amigos y familiares. La huelga comenzó en los campos de La Adela y se extendió rápidamente a Firmat, Bigand, Bombal, Máximo Paz, Pergamino y centenares de pueblos y colonias. Participaron más de 100.000 y se paralizaron más de 500.000 arados en toda la región.
Las peticiones eran concretas: 1) Contrato de arrendamiento escrito y por un plazo mínimo de 4 años. 2) Abonar el 25% de la producción bruta. 3) Libertad absoluta de trillar y desgranar con la máquina que el arrendatario disponga vender y comprar donde más le convenga. 4) Libertad para criar animales y cultivar una huerta. 5) Derecho a disponer gratuitamente del 6% del área total de la tierra, destinada al pastoreo de animales. 6) Inembargabilidad de los útiles de labranza y de semillas. 7) Suspensión de desalojos y compromiso de no tomar represalias por la actitud de resistencia de los agricultores en esta emergencia.
El movimiento duró hasta agosto. Bulzoni y otros dirigentes viajaban incansablemente a diferentes pueblos. María Rosa y otras mujeres se hicieron cargo del cuidado de la familia y las tareas de mantenimiento de los campos. La policía produjo decenas de detenciones y las persecuciones fueron masivas pero la huelga no aflojó. La decisión y firmeza de los chacareros tuvo sus consecuencias.
El gobierno de Santa Fe tuvo que abandonar su neutralidad y formó una comisión que admitió la justicia de los reclamos y aconsejó la fijación por escrito de contratos de arriendos justos y previsibles, que los gastos de embolsado y acarreo estuvieran a cargo de los propietarios y que se liberara a los arrendatarios del pago de garantías de calidad de cultivos. Además, convino en que el Estado debía jugar su papel para facilitar el acceso a la propiedad de la tierra para los agricultores, otorgar ventajas impositivas, subsidios para fletes y créditos blandos para comprar elementos de labranza y semillas.
A finales de julio algunos terratenientes del sur de Santa Fe como Zavaletta Hnos. y Cía., Florencio Miranda, Traverso Hnos., Felipe Madariaga y las cerealistas Genoud, Benvenuto y Martelli y Cía., Prats e hijos y Cía., Manuel Rodeiro, entre otras, aceptaron gran parte de las demandas. A finales de agosto la mayoría de los chacareros habían resuelto su situación y volvieron al trabajo.
Francisco Bulzani y María Rosa Robotti, Damián Arfinetti, Luis Bó, Ramón Alés, Francisco Capdevila de Máximo Paz, los hermanos Mena en Firmat (Francisco fue asesinado en la plaza del pueblo), Luis Fontana de Bigand, Ramón Ita y Francisco Gutiérrez de Santa Teresa, los párrocos José y Pascual Netri y su hermano Francisco (asesinado en 1916 en Rosario), Antonio Noguera, Carlos Treviño, entre muchos otros, fueron algunos nombres que quedaron grabados en la construcción de esta gesta. Dos personajes políticos empujaron desde la esfera pública: Lisandro de la Torre y Juan B. Justo.
El 15 de agosto, en la Unione Benevolenza de Rosario, toda esta fuerza social se canalizó en la creación de la entidad gremial de los chacareros: la Federación Agraria Argentina y el nacimiento posterior de decenas de filiales en pueblos y ciudades de nuestra Patria. Ese triunfo parcial marcó la presencia social y política de un nuevo actor -el pequeño y mediano productor rural- en la vida pública argentina que hasta hoy tiene vigencia y un freno provisorio al latifundio. Las tensiones continuaron, hubo nuevas huelgas en 1913, 1917, 1919, 1921 y ese año se aprobó la ley 11.170 de arrendamientos rurales, que reguló las condiciones mínimas a las que debían ajustarse los contratos, entre ellas la extensión de los mismos a cuatro años, una reivindicación original de la huelga agraria.
Coraje colectivo, involucramiento familiar, unidad a toda prueba durante la rebelión y voluntad intransigente ante la opresión de los más poderosos.
Salú a esos chacareros que marcaron un hito en nuestra historia y que lucharon con todo en contra!!
Ruben Ruiz
Secretario General