Buenos Aires, 1º de octubre de 2021
La legislatura porteña aprobó una ley anticonstitucional y perjudicial para los intereses de muchos ciudadanos que litigan
en los tribunales con sede en la Capital Federal y que corresponden a la Justicia Nacional. Es decir, este avasallamiento no
perjudica solo a quienes viven en la ciudad sino a un amplio espectro de ciudadanos/as que verán afectados sus derechos
constitucionales y de petición de justicia.
Inventaron una instancia judicial más para complicarle la vida a muchos argentinos/as y darle poder al Tribunal Superior
de Justicia de CABA que ya demostró absoluta parcialidad cuando se trata de causas relacionadas con los trabajadores/as,
con los sectores más postergados, con derechos ciudadanos, reclamos ambientalistas o cuestiones colectivas.
Pero además, no lo hicieron a la luz del día. Lo camuflaron dentro de un proyecto de ley que versaba sobre digitalización
de causas judiciales en trámite. En dicho proyecto introdujeron dos artículos para que Tribunal Superior de Justicia de
CABA se constituya como tercera instancia en causas laborales. civiles, comerciales, etc., sobre las cuales ya se haya
expedido la Justicia Nacional en primera y segunda instancia.
Increíble pero real. La Constitución Nacional, en su artículo 75, expresa con contundencia que lo atinente a la Justicia
Nacional es competencia del Congreso Nacional y que no pueden ser legisladas por otros ámbitos como se pretende
desde la legislatura porteña con esta inaudita ley.
Este paso significaría una prolongación en el tiempo de las causas que se sustancien ante la Justicia Nacional ya que
inventaron un nuevo escalón -posterior a las Cámaras Nacionales de Apelaciones- antes de llegar a la Corte Suprema de la
Nación y, también, un encarecimiento de los juicios para el ciudadano/a común.
Se entromete subrepticiamente en los pleitos laborales, en los diferendos comerciales y civiles, institucionales, en la
aplicación de derechos colectivos. No es solo una cuestión jurídica. Se trata de un nuevo paso para limitar los derechos
que ganó el pueblo argentino en su lucha por alcanzar cuotas de equilibrio concreto ante los más poderosos.
Quienes se llenan la boca sobre una justicia más cercana al ciudadano, la alejaron. Quienes hablan de seguridad jurídica,
la politizaron aprovechando una circunstancial mayoría en la legislatura porteña. Quienes se dicen cultores de una justicia
más libre y autónoma de los poderes políticos, la cercaron una vez más.
Por estas razones, nos sumamos a la movilización de repudio convocada por la Asociación de Abogados y Abogadas
Laboralistas y otras organizaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de CABA, Cerrito 760, el próximo miércoles 6 de
octubre a las 11 horas y para exigir que no se promulgue esta disparatada “ley”.
Sabemos que ante una situación tan dinámica como la actual y con tantas necesidades irresueltas, este zarpazo que 38
legisladores de la ciudad quieren concretar para que haya menos justicia, pueda aparecer como una reivindicación más
lejana. Pero no es así. Cuando la legalidad se aleja del ciudadano común tiene consecuencias prácticas. Los que ejercen el
poder lo saben por eso aprovechan estos momentos para hacerlo y quitarnos posibilidades de defensa propia.
Los trabajadores/as sabemos lo que significa padecer injusticias. Nos encontramos el miércoles a las 11 horas.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
Se quieren llevar puesta la justicia laboral, civil, comercial en la Ciudad de Buenos Aires
